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La barra acusatoria la representa el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.
SANTO DOMINGO .- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional revisa este viernes la medida de coerción para fallar si varía o no la prisión preventiva a los imputados en el entramado de desfalco del Estado por más de 3 mil millones de pesos en el caso denominado Operación Coral, que involucra a instituciones castrenses.
Los acusados que buscan la variación de la medida de coerción son: la pastora Rossy Guzmán, Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, el coronel Rafael Núñez de Aza y José Rafael Montero Cruz.
La barra acusatoria la representa el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.
El pasado 4 de mayo, la jueza Kenya Romero impuso 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
Caso Coral
El 24 de abril del 2021, el Ministerio Público realizó 27 allanamiento en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario, como parte de la primera fase de la “Operación Coral”.
En una segunda fase, el órgano persecutor efectuó 18 allanamientos en distintos lugares del país, para la incautación de bienes y la recolección de evidencias, en el marco de la investigación del Caso Coral.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo en ese entonces que los allanamientos son realizados en el Distrito Nacional, La Vega, Duarte (San Francisco de Macorís), Monte Plata y la provincia Santo Domingo.
Sobre el grupo pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
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