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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, informó ayer de la formación de una comisión que tiene como propósito el desarrollo de un protocolo para la entrega de los vehículos retenidos en las instalaciones del antiguo Canódromo El Coco.
La medida fue adoptada a raíz del incidente protagonizado en esas instalaciones por agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en el que resultaron agredidos el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, periodistas de Listín Diario y reporteros de otros medios de comunicación, a quienes les incautaron y violentaron sus equipos.
En ese mismo orden, el titular del Intrant estableció que se continuará con la incautación de vehículos a todos aquellos ciudadanos que no cumplan con las leyes de tránsito.
Al ser abordado sobre en cuáles circunstancias puede ser retenido un vehículo, el funcionario explicó que “la primera es la infracción cometida, y la segunda es por falta de documentación”.
“Eso es un mandato de la ley”, añadió Arias.
Asimismo, se refirió a las denuncias de maltrato a los ciudadanos por parte de miembros de la Digesett. Sobre esto último, el funcionario explicó que aquellos que cometan esas acciones “van a pagar o cumplir con las infracciones correspondientes”.
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