Conozca la razón por la que fue condenado a 20 años hombre que robó celular y RD$500 en Azua

Luego de las reacciones que generó en las redes sociales y la opinión pública, la condena a 20 años de prisión contra un hombre que fue hallado culpable de robar 500 pesos y un celular, en un hecho ocurrido en el municipio Padre Las Casas, Azua.

Tras las críticas por la decisión judicial que muchos consideran como excesiva, El Nuevo Diario indagó para determinar las razones que motivaron al tribunal a sentenciar a Jorge Luis de la Rosa, conocido como “Wilma La Para”.

Este medio tuvo acceso a la solicitud de apertura a juicio, mediante la cual el fiscal titular del Distrito Judicial de Azua, Arodis Sánchez Bencosme detalla los actos delictivos.

El referido documento destaca que a la 01:30 de la madrugada del pasado 7 de noviembre del año 2021, el condenado penetró a la vivienda de Yisenia Cuello Rodríguez para sustraer un celular y los 500.

El parte judicial agrega que al infractor ser reconocido por la víctima, este la golpeó con sus puños y se retiró del lugar, retornando a las 08:30 de la mañana con un machete para golpear a Cuello Rodríguez, pero no logró su objetivo ya que el hermano de la víctima, Santo Morillo Rodríguez, frustró sus intenciones.

Durante el forcejeo para defender a su hermana, Morillo Rodríguez terminó con amputaciones en dos dedos de su mano derecha, razón por la que el Ministerio Público lo presentó en la acusación como lesiones traumáticas permanente.

Debido a lo antes mencionado, el Ministerio Público de Azua acusó al apodado La Para de robó con violencia, contra Yisania Cuellos Rodríguez, además de las amputaciones contra su hermano.

De acuerdo con la acusación, la acción de Jorge Luis de la Rosa constituye violaciones a las normas contenidas en los artículos 379 y 382 del Código de Penal Dominicana, que describe y sanciona el robo con violencia

Según la sentencia evacuada por el tribunal de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Azua, el imputado también fue condenado al pago de una indemnización de 700,000 para los querellantes constituidos en actores civiles.